Entrevista con Jorge Luis Marzo
El 1 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) el “Anteproyecto de ley de simplificación, de agilidad y reestructuración administrativa y de promoción de la actividad económica”, llamado también la “ley ómnibus”,- por la multitud de materias que regula bajo un mismo paraguas normativo. De acuerdo con el Preámbulo, el objetivo de esta legislatura es la racionalización administrativa como también la reactivación y el impulso de la actividad económica para facilitar la competitividad y productividad. Teniendo especial consideración en la revisión y actualización de algunos aspectos de la estructura del tejido productivo, la “ley ómnibus” conlleva la modificación de normas relativas al medio natural, cultura y deportes, derecho privado, economía, seguridad, industria farmacéutica y servicios sociales, territorio, y régimen jurídico de las administraciones públicas.
Con este documento legislativo se pone de manifiesto una clara voluntad privatizadora del sector público. Obtener beneficios está por encima de cualquier otra concepción del contenido y carácter de los derechos, determinados en base de las relaciones sociales existentes. En el marco de este gran proyecto de reforma, que afectará gravemente la sociedad en su conjunto, se replantea, entre otras cosas, también el modelo de políticas culturales, que ahora explícitamente puestas al servicio de las empresas privadas favorecerán aún más la producción cultural destinada a la espectacularización de la cultura y la ganancia económica en forma de industrias culturales y creativas, para explotar al máximo los beneficios que genera. La cultura en el régimen neoliberal tiene valor solo si contribuye a la economía. En medio de esta profunda crisis de legitimidad política y económica que estamos presenciando no solo en Cataluña sino a nivel europeo y globalmente, es necesario replantear radicalmente la relación entre política y cultura, y preguntarse de nuevo porqué la cultura se ha convertido en el principal instrumento del capitalismo global. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué hacer?
“La política cultural no es la cultura. La cultura es un bien común y un proceso en constante transformación que refleja las dinámicas sociales, el resultado del cual no tiene que ser necesariamente una obra o un producto mercantil. La política cultural no puede estar orientada a una mera consecución de beneficios económicos…”
(Declaración de la Comisión de Cultura de AcampadaBCN de Plaza Catalunya de Barcelona (v Beta))
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Jorge Luis Marzo es historiador del arte, comisario de exposiciones, escritor y profesor. Sus últimos proyectos de investigación y de comisariado son “El d_efecto barroco. Políticas de la imagen hispana” (2010) en el CCCB, “Low-Cost. Libres o cómplices” (FAD, 2009), “Spots electorales. El espectáculo de la democracia” (La Virreina, 2008), “Hempreslaradio” (2006-2007) y “Tour-ismos” (2004).
Recientemente ha publicado los libros “¿Puedo hablarle con libertad, excelencia? Arte y poder en España desde 1950″ (2010), “Arte Moderno y Franquismo. Los orígenes conservadores de la vanguardia y de la política artística en España” (premio Fundació Espais a la creació i a la crítica d’art, 2008), “Fotografía y activismo social” (2006), “Me, Mycell and I. Tecnología, movilidad y vida social” (2003) y “Planeta Kurtz” (2002).
Desde hace años escribe sobre la situación de las políticas culturales en España y en Cataluña, que según sus análisis comparten unas marcadas tendencias de la instrumentalización de cultura y arte por parte de las fuerzas políticas y mercantiles para promover los imaginarios de círculos elitistas, ejercer el control directo de los recursos en detrimento de la profesionalización independiente y autónoma del tejido cultural, como también de comprender la cultura como valor añadido, como el elemento de mercadotecnia, con el único fin de promover la económica turística.
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A principios de los años 80, después de una larga dictadura devastadora, se abría en España la etapa democrática que ha sido determinante, entre otras cosas, también para la formulación de una nueva política cultural. ¿Cuál ha sido la relación entre la política cultural franquista y el arte moderno? ¿Qué lectura del arte moderno (de la modernidad española) se planteó durante la época de la transición y cómo se ha definido el nuevo papel de la cultura al respecto? (democracia, ciudadanía)
Durante el Franquismo, la cultura sufrió un doble uso, pero con una misma funcionalidad: por un lado, las elites del régimen esgrimieron una visión relativamente integracionista de la cultura como vía alternativa a la política: de ahí pudo nacer la vanguardia pictórica de los años 50. Por otro lado, la cultura fue blandida como el estandarte de la resistencia: gracias a ella, se pudo mantener viva la llama de la libertad y el sueño de recuperar las libertades civiles. Llegada la democracia, se produjo una curiosa simbiosis: la cultura representaba una suerte de lugar de encuentro, no tanto político, pero sí de ciudadanía. El problema es precisamente este: que las artes representan la libertad, pero nunca nadie se ha preguntado sobre la función de esas artes en el marco de un sistema de libertades. La garantía institucional ofrecida a principios de los años 80 en España, en el sentido de dar cobertura para que el arte se produzca “en libertad” ha venido acompañada de un rechazo a pensar en la función que tienen las prácticas culturales en una democracia. Ha sido una política garantista, no socialmente discursiva. Ello ha creado un monstruo, que no es otro que la implementación de la política cultural como sustituto de la cultura: la derivación del necesario conflicto que genera la práctica cultural hacia el consenso impuesto que determina la política cultural. En esa derivación tortuosa se fue escondiendo un recorrido neoliberal que garantizaba la despolitización de las prácticas artísticas, culturales y sociales.
La idea puesta sobre la mesa por la izquierda durante los años de transición era que la cultura iba a generar mejores ciudadanos y más preparados. A través de la cultura, mejorarían los niveles de educación, igualdad, participación y responsabilidad social de los españoles. Gracias al arte, los españoles accederían a un conocimiento global de la información y a unas herramientas de expresión que habían sido secuestradas durante 40 años. Pero los resultados no han sido los deseados. Los niveles técnicos de educación son de los más bajos de Europa; la igualdad, desde luego no ha venido de la mano de la producción artística, sometida a la constante precariedad y a la desigualdad de géneros; la participación ciudadana en la construcción de los modelos culturales es prácticamente nula -ya no digamos el acceso de los creadores a mecanismos abiertos de producción y experimentación-; y la responsabilidad social comunitaria no ha venido por el ámbito cultural sino por las luchas diarias de muchos individuos y colectivos en diferentes ámbitos sociales. Los libros de historia nos dicen que las triunfantes manifestaciones artísticas de los años 50 se justificaron por la “creación de liberalidad” en el estrecho marco de una dictadura de extrema derecha. Este “artilugio” intelectual se adaptó rápidamente a principios de los años 80 en un marco de referencia a la hora de legitimar el arte y la cultura como mecanismos generadores de ciudadanía. Ese deseado proceso “ciudadano” chocará con la propia contradicción de sus términos fundacionales. No se trata de una ciudadanía participante y generadora de política, sino un ciudadanía basada en el bienestar y en la liberalidad, pero despolitizada: eso es herencia del franquismo. La industria cultural ha devenido un factor fundamental en la transformación de los imaginarios y las representaciones sociales, pero no en la quimérica creación de ciudadanía, que finalmente se ha convertido en un mero consumidor cultural. El valor de la cultura en España ha producido una comunión extraordinaria de los intereses de estado -en sus variadas formas-, la iniciativa privada, y los intelectuales empotrados en el sistema, creando una profunda interiorización y subjetivación del discurso del poder tanto en creadores como en consumidores.
La dinámica de la política cultural en Cataluña ha sido marcada por la necesidad del establecimiento de un mercado y la construcción de la identidad. ¿Cómo se constituye el puente entre estos dos registros y cuál es su relación con el intento de separar los ámbitos de cultura y política?
En Catalunya, la cultura ha sido siempre patrimonio de alguien: el sentido político general está fundamentalmente vinculada a la lengua catalana, principal símbolo identitario en el marco de un estado, el español, que ejerce una enorme presión y represión lingüística. Por otro lado, para la burguesía intelectual catalana que ha mantenido vivo el tema de la lengua a lo largo de los años, la cultura ha sido un lugar en el que manifestar la identidad en la ausencia de un aparato administrativo propio: era el territorio en donde manifestar la fuerza de la “sociedad civil” frente al modelo estatalista español o francés. Por su parte, la izquierda catalana siempre ha considerado a la cultura como patrimonio propio frente a una derecha demasiado centrada en esencialismos procedentes de los movimientos culturales de finales del siglo XIX. En definitiva, la cultura ha sido el lugar en donde sublimar los vacíos políticos nacionales pero también en donde expresar los anhelos liberales de una sociedad que se quiere moderna, y sobre todo civil. Ese ha sido el caballo de batalla de la cultura catalana. Unos y otros han enarbolado la idea de una sociedad civil, portadora de las esencias culturales del país. Durante los últimos treinta años, con la progresiva institucionalización de la cultura y la creación de un gigantesco aparato administrativo que la gestiona (tanto en la derecha como en la izquierda), el mito de la sociedad civil se reveló quimera. No existe una sociedad civil, ni estructurada como tal ni consciente de sí misma, que haya sido capaz de generar una concepción de la cultura independiente de la política cultural. Y ello precisamente ha ocurrido por el enorme peso que los mitos identitarios (y la creación de marcas asociada a ellos) han tenido: esos mitos se han convertido en iconos turísticos, de un enorme valor añadido en el mercado global de logos nacionales: se trata de dinero, de nada más. Todos se han encontrado en la política cultural, ninguneando así la propia razón esgrimida como objetivo: la sociedad civil.
La retórica de una política cultural al servicio del bienestar, la ciudadanía y del consenso trasluce el proceso del neoliberalismo emprendido durante las ultimas décadas en Cataluña, que garantizó la despolitización de las practicas sociales, culturales y artísticas. Podrías explicarnos de qué manera los cuatro aspectos de los que hablas en el texto “Neoliberalismo y cultura en Catalunya”, es decir, la idea de libertad asociada a la cultura, la confusión entre modernidad y modernización, la subjetivación administrativa y la impotencia,- se relacionan con la agenda neoliberal?
Respecto a la idea de la libertad asociada a la cultura: Como explicaba antes, en el franquismo la cultura fue moneda de cambio y defensa tanto para el régimen como para sus detractores, pero llegada la democracia, nadie se preguntó sobre el rol de las artes en un régimen de libertades: pareció darse por sentado que del triunfo de la cultura sobre la dictadura se derivaba un estatus institucional que debía ser la marca del nuevo país. En ese punto se secuestró la posibilidad generar nociones culturales dinámicas, independientes y críticas. La cultura debía ser “protegida” como un bien esencial de una democracia liberal: para ello se constituyó una política cultural dirigista y garantista. Pero el liberalismo no garantiza la libertad sino que la acota para que se pueda producir: de ello se ha derivado una política cultural castradora de las realidades culturales, sancionadora de los procesos sociales que constituyen los productos culturales.
Acerca de la confusión entre modernidad y modernización: En los años 80, el discurso posmoderno recaló en España, y en Catalunya, como en muchos otros sitios del mundo. Fue un debate asumido pero no reflexionado. La posmodernidad permitía hacer propia la modernidad (que tan poco impacto había tenido en la sociedad) y la fuerza de la tradición (que tanto peso tiene en Catalunya o en España), pero en la ecuación nadie se dio cuenta de que para hablar de la modernidad en clave real de conflicto y dialéctica, era del todo necesario hablar también de modernización. Aquí se quería ser posmoderno sin ser postindustrial, y al mismo tiempo, se quería ser postindustrial (industria financiera, de servicios y turismo en el lenguaje oficial español) para poder ser posmoderno. Lo que ocurría es que muchos, demasiados, estaban encantados con ser posmodernos (europeos, internacionales, globales) porque así superaban la paradoja de un país que nunca se había encontrado cómodo en la modernidad. Lo posmoderno era a la cultura lo que lo posindustrial era a la economía: cómo alcanzar los estándares de producción, cómo adecuar estructuras obsoletas, cómo recabar inversiones. Eso afectó gravemente a la cultura: conllevó la pronta asunción de la cultura en términos de marca, de logo productivo, de modernización, pero nadie emprendió la penosa tarea de pensar que la modernidad es un conjunto complejo de tensiones y contradicciones que en su misma vivencia la hace productiva socialmente. Porque la economía se hizo financiera y no productiva se llegó a la conclusión de que también la cultura debía responder a los mismos criterios, y más cuando el producto interior bruto depende tanto del turismo y de la marca identitaria y cultural asociado a él. En pocas palabras, la política cultural en Catalunya pasó a ocultar las variadas realidades culturales del país.
Tercera cuestión: la subjetivación administrativa. En general, los sectores culturales han asumido que la cultura es la política cultural. La ausencia de inversión pública y privada y de apoyo a plataformas locales, pequeñas y autónomas ha supuesto la aceptación implícita por parte de muchæs creadoræs del restringido marco institucional para desplegar sus investigaciones y sus fuentes de financiación. Esto, junto a la asunción plena de los procedimientos administrativos impuestos por las instituciones públicas, ha dado como resultado una nefasta identificación entre ciertas formas creativas y ciertos modos de gestión, cuya conclusión última es que los artistas trabajan para las instituciones y no al revés. Este proceso, larvado y recreado gracias a la condición falsamente garantista de la administración pública, ha sido inteligentemente aprovechado por los discursos neoliberales para legitimar el hecho de la supresión de toda ayuda a aquellos procesos creativos que no sean capaces ni de producir directo valor mercantil ni de insertarse en los circuitos de la industria cultural global. No se trata de someter a læs creadores al efecto mercancía, sino a someterlos a una dinámica competitiva, y ahora global, precisamente gracias a los mecanismos administrativos y de promoción. No se apuesta por el mercado, sino con la intención de que læs creadoræs comprendan que sólo son mercado.
Por último, la impotencia. Esto está conectado con la falta de comprensión del tejido creativo. Las elites, cuando piensan en los artistas, son incapaces de escapar a los iconos mediáticos, a los grandes nombres, a las marcas consagradas, de las que insisto, tanto abusan siempre. Son incapaces de comprender el tejido artístico en otras claves: como motores de investigación, que no siempre acaban con la firma o con un producto; como motores de disensión, articuladores de exploraciones diferentes a las previstas; como formas de expresividad que cultivan la imaginación colectiva, esa facultad para desarrollar miradas sobre las relaciones ocultas de las cosas, lejos de fantasías espectacularizadas. Son incapaces de pensar en la creatividad a largo plazo, con inversiones no cortoplacistas, sino como procesos en perpétua gestación capaces de irse adaptando a realidades cambiantes.
La progresiva sujección de la cultura a la intervención gubernamental y estatal a través de las políticas culturales, como también su relación cada vez más estrecha con la industria privada como patrocinadora del sector cultural/artístico, con su apuesta por la espectacularizacion y mercantilización de la cultura, ha producido, tal y como señalas, la doble crisis de la legitimidad, simbólica e institucional. ¿Cuáles son sus características y cómo se explica la creación del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CONCA) en el 2008 en Cataluña, en relación a esta situación?
Es evidente que ha habido una desplazamiento en el lugar que ocupa el arte en el imaginario político y administrativo. Hoy el arte representa bien poco en las estructuras mentales institucionales. Para ellos, no es vehículo de nada. Ello tiene mucho que ver con el hecho de que la pintura de los ochenta se hundiera en el mercado a mediados de los noventa y reventara el papel de las instituciones en los mecanismos de creación de opinión. Para el poder, la cultura es una simple gestión de recursos, de bienes inmuebles. Al poder no le interesa mucho el arte, pero sí mantener el control sobre su valor simbólico como marca de país y de gobierno. Es por eso que gestiona la cultura como espectáculo captador de inversiones económicas y políticas y como mecanismo de transmisión política y diplomática. De ahí parte el secuestro prolongado de medios y recursos por parte de todas las administraciones hacia el CONCA –un organismo público que debía ser autónomo en su gestión, y que se encargaría desde la independencia de criterios de radiografiar la producción cultural y de asignar recursos-: el arte no servirá de nada, pero su valor simbólico es claramente cuantificable y fervientemente deseado por los gobiernos.
La dependencia de las artes con respecto a las administraciones públicas en Catalunya no es solo un hecho irrefutable sino especialmente relevante: además de cuestionar las quimeras oficiales sobre la sociedad civil, también ha acabado contaminando toda la estructura creativa del país: ha institucionalizado la cultura y ha hecho que la gestión cultural quede dominada por intereses políticos y por sistemas burocráticos. Precísamente, antes esta situación, el CONCA tenía su razón de ser: ofrecía la posibilidad de romper este marasmo y de convertirse en una nueva herramienta de transformación administrativa al servicio de la creación y no al revés. El CONCA podía representar un nexo fiable y duradero entre las realidades culturales del país y los mecanismos de gestión cultural, sin imposiciones ni ventriloquías. No ha sido así.
El CONCA ofrecía la posibilidad de convertirse en el organismo independiente de transformación administrativa, en el puente entre el tejido creativo y la administración. ¿Cuál fue su apuesta y de que manera proponía redefinir y transformar las relaciones existentes entre política y cultura? ¿Qué dilemas han surgido?
La creación del CONCA, en mi opinión, responde a varias líneas de fondo: en primer lugar, es fruto del progresivo desplazamiento del arte como fuerza motora de las relaciones sociales: los políticos cada vez saben menos del arte, y el CONCA suponía un depósito donde aparcar a la gente de la cultura, aunque controlando el aparato administrativo (el control de las ayudas y subvenciones). Poca gente oficial imaginó el CONCA como un organismo de verdadero debate, reflexión y participación. En segundo lugar, el CONCA nace de la necesidad de destramar los argumentos políticos en la gestión profesional de los recursos creativos en un mercado contradictorio como el catalán, que es fundamentalmente institucional pero que se quiere liberal: las endogamias son muchas y el CONCA podía ayudar en ese sentido. En tercer lugar, el CONCA también surge de la necesidad de profundizar en posibles soluciones a la deriva social del arte; para algunos, se trata de encontrar fórmulas de intercambio entre el arte, el diseño, la tecnología, la ciencia; algo que, de hecho, ya se practica en muchos ámbitos creativos; para otros, se trata en realidad de convertir al arte en industria cultural, apelando a la inversión y utilizando hipócritamente la solución del I+D, al falsear lo que de I+D real tiene hoy la producción artística. Por último, la independencia del CONCA podía servir para recuperar una noción “conflictiva” de la cultura, más alejada de la noción “consensuada” de la misma que siempre promueve el poder. Desde luego, no ha sido así.
El régimen de derecho neoliberal, como señala David Harvey en el libro “Breve historia del neoliberalismo”, no ofrece otra alternativa que vivir bajo un sistema de incesante acumulación de capital y crecimiento económico en el que no importan sus consecuencias sociales, ecológicas o políticas. Cuestionar los derechos concretos nos permite cuestionar los procesos sociales a los que son inherentes. El nuevo ataque neoliberal viene impulsado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en mayo de 2011 con el “Anteproyecto de ley de simplificación, de agilidad y reestructuración administrativa y de promoción de la actividad económica”, conocido como la “ley ómnibus”, por la multitud de materias que regula bajo un mismo paraguas normativo (economía, seguridad, servicios sociales, cultura,…) La intención de reactivar la economía y agilizar la administración catalana encubre las reformas con una clara voluntad privatizadora de servicios públicos, desprotección del medio ambiente en beneficio de lobbies empresariales o “la empresarialización” de la cultura. ¿Qué competencias asumirá el Instituto Catalán de la Creación y de las Empresas Culturales (ICCEC) que se propone a crear? ¿Qué significa llamarse empresa cultural a titulo individual y qué impacto tendrá la “ley ómnibus” en las prácticas culturales/artísticas del futuro próximo, en caso de tramitarse?
En el redactado del “Anteproyecto de Ley de Simplificación, de Agilidad y Reestructuración Administrativa y de Promoción de la Actividad Económica” propuesto por Convergència i Unió al parlamento, conocido como las “Leyes Ómnibus”, se declaran una serie de cosas: la remodelación del Consell Nacional de les Arts, que pasaría a depender directamente de los puntuales criterios de la Conselleria; la anulación de la autonomía de los centros culturales adscritos a la Generalitat; la desposesión de ciertos derechos de algunas entidades de gestión cultural y de actividades. La aplicación de todo esto creará un enorme daño a la independencia de las programaciones, a la salvaguarda de las manipulaciones políticas y administrativas y a la salubridad del tejido cultural. Pero lo más preocupante, si es que ya no lo es lo anteriormente dicho es este párrafo: “Se entiende por empresas culturales las personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, la distribución o la comercialización de productos culturales incorporados a cualquier tipo de soporte, y también las dedicadas a la producción, la distribución o la comercialización de espectáculos en vivo. Se incluyen dentro de este concepto las personas físicas que ejercen una actividad económica de creación artística o cultural”. Según este texto propuesto, los artistas pasan a ser considerados “empresas culturales”, incluso a título individual, por lo que se deduce con claridad que sólo recibirán financiación pública aquellæs creadoræs que sean capaces de producir obras comercializables: “Queremos acabar con la subvención e impulsar la inversión”, dijo el Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, en una clara alusión a que las subvenciones las entiende como “a fondo perdido” y las inversiones como formas de productividad económica. La ausencia de dinero en la caja pública evidentemente supone la adopción de discursos justificadores de nuevos criterios de distribución de recursos, en los que naturalmente, todos sabemos quienes saldrán malaparados y quienes beneficiados: la “subvención” pasa simplemente a asociarse a los “vestigios” de una práctica artística gremial, incapaz de conectarse con la ciudadanía, obsoleta en sus criterios funcionales: a la “inversión” se le concede el beneficio del “beneficio”: la capacidad para explorar los terrenos de lo auténticamente moderno, de lo que está al día, de las conexiones con las nuevas industrias creativas y tecnológicas, repletas de público entusiasta. La inversión (industria cultural) pasa a denominarse I+D en detrimento de la subvención (arte), subvirtiendo, como antes decía, el papel de ese mismo I+D propio de la creación contemporánea y de su capacidad, ahora injustamente ninguneada, para definir imaginarios colectivos, que a la postre, son lo que usan las elites para ponerse medallas y generar marcas. En esa dirección es necesario interpretar unas recientes palabras de Ferràn Mascarell hacia los críticos de la situación: “Sois conservadores. Impedís el crecimiento y la transformación del sistema cultural”.
Contra los recortes masivos en cultura y la mercantilización de las practicas culturales/artísticas, se abrió un espacio de lucha política y de búsqueda de alternativas dentro del marco de la Acampada 15M en Plaza Catalunya de Barcelona. A lo largo de los últimos dos meses La Comisión de Cultura de Acampada BCN ha redactado asambleariamente “La Declaración de la Comisión de Cultura de AcampadaBCN de Plaza Catalunya de Barcelona (v Beta)”, un documento que se considera permanentemente abierto y en proceso. ¿Cuál ha sido/es la dinámica de trabajo, qué idea de la cultura y modelo de política cultural defiende y con qué finalidad se esta elaborando este documento?
Ha sido un proceso lento, propio de una dinámica asamblearia. A título personal, lo más interesante ha sido poder debatir con numerosas personas a las que no conocía y que probablemente nunca hubiera conocido si no hubiera sido precisamente ahí. Eso ha tenido un valor enorme, porque nos ha demostrado que habíamos olvidado muchos procedimientos de reflexión bajo la constante cobertura institucional. Respecto a lo que me preguntas sobre el modelo de política cultural que promovemos, te dirijo directamente al documento en sí, que sigue abierto a aportaciones y debates, y que podéis consultar aquí: HYPERLINK “http://culturaacampadabcn.wordpress.com/declaracio-declaracion/”
¿Cómo redefinir los lugares de lo político y de lo cultural para acabar con la instrumentalización del arte y de la cultura por las fuerzas políticas y mercantiles, y volver a politizar la cultura?
Lo político no es un fósil que admiramos en una vitrina como una conquista ya realizada: es un proceso en constante movilidad, transformación. Lo mismo la cultura: no es un lugar para cobijarnos de los sinsabores del sistema social y económico actual: es precisamente un lugar en donde cuestionar esa situación. Ya está bien de bonitos cuadros que nos reconfortan de los dolores: es el lugar en donde visualizar los conflictos, compartirlos e incluso combatirlos frontalmente. Y a quien le pique, que se rasque.
Tjasa Kancler, Barcelona, septiembre del 2011
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http://bijenaleumetnosti.rs/2012/download/De-Artikulacija1.pdf
http://www.contraindicaciones.net
http://www.enmedio.info