Entrevista con Jorge Luis Marzo

En el redactado del “Anteproyecto de Ley de Simplificación, de Agilidad y Reestructuración Administrativa y de Promoción de la Actividad Económica” propuesto por Convergència i Unió al parlamento, conocido como las “Leyes Ómnibus”, se declaran una serie de cosas: la remodelación del Consell Nacional de les Arts, que pasaría a depender directamente de los puntuales criterios de la Conselleria; la anulación de la autonomía de los centros culturales adscritos a la Generalitat; la desposesión de ciertos derechos de algunas entidades de gestión cultural y de actividades. La aplicación de todo esto creará un enorme daño a la independencia de las programaciones, a la salvaguarda de las manipulaciones políticas y administrativas y a la salubridad del tejido cultural. Pero lo más preocupante, si es que ya no lo es lo anteriormente dicho es este párrafo: “Se entiende por empresas culturales las personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, la distribución o la comercialización de productos culturales incorporados a cualquier tipo de soporte, y también las dedicadas a la producción, la distribución o la comercialización de espectáculos en vivo. Se incluyen dentro de este concepto las personas físicas que ejercen una actividad económica de creación artística o cultural”.